En febrero de 2011, el Centro para la Protección de Periodistas (CPJ) presentó un devastador informe acerca de los niveles de censura en América Latina. Según el texto, nunca antes la prensa de la región había estado sometida a tanta injerencia por parte de los poderes políticos y económicos como sucede en la actualidad.

Por ejemplo ponía el CPJ a Brasil, donde la familia Sarney logró extraer de los tribunales un dictamen que le impedía a los diarios nacionales informar acerca de las acusaciones de corrupción y nepotismo que sobre ella pesan. El estudio también criticaba los ataques a la prensa por parte de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Ecuador. Y México y Honduras aparecían mencionados como lugares en los que la debilidad del Estado frente al crimen organizado ha extendido la práctica de la autocensura.

“Como testigo de los efectos de la censura en los años 70 y 80 […] tengo la sensación de que ésta es hoy mucho más insidiosa”, cita el CPJ a June Carolyn Erlick, directora de publicaciones en el Centro David Rockefeller de la Universidad de Harvard y ex corresponsal en América Latina. “La situación no se puede comparar con la de la época de los regímenes dictatoriales, cuando existía un contexto de censura fuerte y sistemática”, replica, sin embargo, Benoît Hervieu, del Departamento Americano de Reporteros sin Fronteras (RSF).

“Eso no significa”, continúa Hervieu, “que la censura no exista”. Dos países latinoamericanos la practican según la ONG en el sentido clásico del término: “Cuba, donde el Departamento de Orientación Revolucionaria filtra y controla la información”, explica el activista, “y Honduras, donde desde el golpe de Estado se reprime a la prensa opositora, sobre todo a las radios comunitarias”. Más allá de eso, asegura, “en América Latina se dan casos puntuales de censura”.

En este último apartado coloca Hervieu a Brasil. RSF valora como positivos algunos pasos dados por el gobierno federal, como la anulación de la ley de prensa de la dictadura militar y los avances en materia de acceso a la información. La misma apreciación hace la Relatoría Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente ha hecho público su informe anual para 2010.

“La Relatoría Especial manifiesta su satisfacción por la aprobación, el 13 de abril de 2010, del proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información por parte de la Cámara Baja del Congreso brasileño”, puede leerse en el documento. “Y, no obstante”, reconoce Hervieu, “en Brasil vivimos una situación paradójica, ya que mientras el Estado se esfuerza, la interrelación a nivel local de los poderes políticos, económicos y judiciales genera abusos y despropósitos legislativos que llevan a la censura y la autocensura”. Eso explicaría las denuncias del CPJ.

En cuanto a Argentina, el país recibe por su nueva ley de medios un aprobado de RSF. El conflicto entre el gobierno de Kirchner y el grupo Clarín aparece mencionado en el informe de la Relatoría Especial, pero ésta se limita dar constancia de la “situación de tensión” reinante y a indicar que observa el caso y espera que se resuelva “de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.

También el que Uruguay y Ecuador estén preparando regulaciones similares a la presentada por Buenos Aires es bienvenido en el despacho de París. “Con Ecuador somos menos severos que el CPJ”, dice Hervieu, “algunas cuestiones aún nos preocupan, pero otras creemos que van en la dirección correcta”. Por ejemplo, la Relatoría Especial cita en su escrito anual el hecho de que la Ley Orgánica de Comunicación se esté estudiando “a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, ejemplarmente incorporados al derecho interno por la Constitución ecuatoriana”, así como el proyecto para un Código de Garantías Penales, “que eliminaría”, aplaude el organismo, “los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de injuria”.

Pero no por ello dejan las quejas de existir. La violencia contra periodistas y el que Quito implantara el 30 de septiembre de 2010 el estado de excepción, obligando a todas las emisoras de radio y televisión a enlazarse a la señal oficial, se recogen en el documento de la Relatoría Especial.

En lo que a Venezuela se refiere resulta más sencillo encontrar unanimidad de valoraciones. RSF califica el estado de la libertad de prensa en el país sudamericano de “grave”. Y en el apartado que le dedica la Relatoría Especial, la palabra “preocupación” se repite con frecuencia. Desde el exterior, la actuación del gobierno de Chávez de cara a los medios es ampliamente criticada.

Menos relevancia recibe, por el contrario, Colombia en el texto del CPJ. Para RSF, sin embargo, la situación que se vive aquí es “perversa”. “Los periodistas trabajan en Colombia en un contexto de miedo y de presión muy fuerte”, considera Hervieu, y concuerda con esta apreciación lo expuesto por la Relatoría Especial. “Sobre todo, la impunidad es muy alta. Sólo en México y Honduras se dicta un número equiparablemente bajo de sentencias por delitos cometidos contra periodistas”, resalta por su parte Andrés Morales, director ejecutivo de la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa.

“A diferencia de en otros países de la región, en Colombia no se dan intentos del Estado por limitar el espacio de los medios”, cuenta Morales, “sin embargo, existen evidencias de una actuación estatal que consideramos lamentable, como son las estigmatizaciones de periodistas por parte de altos funcionarios y el caso de las escuchas del DAS [Departamento Administrativo de Seguridad]”. A las “interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas” en Colombia le dedica la Relatoría Especial en su informe un apartado completo.

Y con todo, la evaluación final de RSF suena menos dramática que la realizada meses antes por el CPJ. “En América Latina hay una tendencia general a despenalizar la profesión periodística, y eso es bueno”, concluye Benoît Hervieu, “las excepciones son, por desgracia, Cuba, Venezuela y Honduras”.

Luna Bolívar
Fotos: cc Flickr.com/Ricardo Fukui/ Julián Ortega Martínez

Horacio Verbitsky es sinónimo de periodismo en América Latina. La dedicación a esta profesión le viene al argentino de familia: ya su padre fue informador. Después de 50 años y reconocidos éxitos en el ramo, Verbitsky prioriza la sinceridad para con sus lectores y opina abiertamente que los gobiernos de los Kirchner han sido “los mejores que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos”. En el blog de periodismo de investigación re-visto, Verbitsky dice sobre la diferencia entre el periodista y el político:

“El periodista cuenta con una libertad mucho mayor a la hora de expresar lo que piensa, de manejar las contradicciones. El político está atado por las disciplinas partidarias, por las rigideces del sistema. El periodista dice las cosas como las ve.”

Lea la entrevista completa

Cuáles son las cinco reglas básicas para hacer un buen reportaje de televisión es lo que David Olmos nos revela en el siguiente video. Olmos ha trabajado para la sección televisión de la agencia EFE y para los informativos en español de DW. Desde 2008 es capacitador y director de proyectos en DW Akademie.