Cada año cuando se publican los índices de libertad de prensa, las mordazas a los medios y las dificultades que encuentran los periodistas a la hora de realizar su trabajo ocupan páginas en los diarios y minutos en los noticieros. Sin embargo, cabe contemplar estos rankings internacionales con cautela, advierte Laura Schneider, del Centro para el Estudio de los Medios y la Comunicación de Hamburgo.

Schneider dedica su tesis doctoral al análisis de los listados que miden la libertad de expresión e información en los diferentes países. Aunque la importancia de los mismos es innegable, tampoco pueden obviarse los sesgos que los lastran y el hecho de que siguen una metodología dudosa, sostiene la experta, por lo que trata de desarrollar un sistema alternativo con el que traducir en cifras y poder comparar las distintas realidades.

En la siguiente entrevista, Schneider nos habla de los problemas y de las posibles soluciones en torno a los índices de libertad de prensa.

En Colombia, la investigación periodística puede costar la vida. Los intentos de amedrentamiento e incluso la agresión directa están a la orden del día. El periodista Ricardo Calderón, de la revista “Semana”, sufrió un ataque el 1 de mayo de este año. Poco después fueron amenazados de muerte ocho comunicadores de Valledupar. Y tres días más tarde se destapó un plan para atentar contra los comunicadores Ariel Ávila, León Valencia y Gonzalo Guillén.

Mientras el Estado protege con guardaespaldas y carros blindados a los periodistas estrella de la capital, sus compañeros de profesión en las provincias se sienten abandonados. Jhon Jairo Jácome es redactor del diario “La Opinión” de Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander. “No es fácil”, reconoce, “trabajar siempre bajo la presión de la amenaza, el correo intimidante, el mensaje por las redes sociales que pretende acallar”. Vía Twitter le llegó el pasado 19 de mayo la última amenaza de muerte. Se la enviaba un paramilitar con el alias de “Moco Seco”, que ni siquiera se tomó la molestia de ocultar su identidad. “Moco Seco” está encarcelado y toma en prisión clases de informática.

Desde el golpe de Estado que en 2009 expulsó a Manuel Zelaya fuera del poder, Honduras no ha cesado de escalar posiciones en las listas de países en los que ejercer el periodismo es una actividad peligrosa. Las amenazas se han multiplicado, constata el periodista Félix Antonio Molina, y el balance arroja la preocupante cifra de 29 informadores muertos desde marzo de 2010. Los cinco candidatos electorales asesinados antes de las elecciones primarias de noviembre 2012 no hacen prever nada bueno de cara a los próximos comicios, en noviembre 2013.

Sin embargo, Honduras es más que un cómputo de víctimas mortales. Desde su programa “Resistencia”, de Radio Globo, Molina habla cada día de las iniciativas que se gestan en el país centroamericano, del valor de sus ciudadanos y de un inquebrantable “espíritu colectivo de lucha por el cambio”. Reconocido con el estadounidense premio Samuel Chavkin a la integridad en el periodismo latinoamericano, el hondureño nos habla sobre su trabajo y los problemas que enfrentan él y sus colegas de profesión.

Lina Fuenmayor tiene 28 años. Es periodista independiente en Riohacha, la capital del departamento La Guajira, en el extremo norte de Colombia. Como ganadora del premio ¡Investiga! 2012, se desplazó a Alemania invitada por DW Akademie para participar en el Global Media Forum de Bonn. El viaje incluye también una visita a los estudios de televisión de la DW en Berlín.

Luís Ángel Sas no tiene teléfono fijo. Tampoco la mayoría de sus amigos. Así evitan el acoso, cuenta el periodista, aunque sólo el que les llega a través del aparato. Sas conoce bien las amenazas. Informar sobre el narcotráfico en Guatemala significa vivir peligrosamente. En este país lastrado por la violencia y el crimen organizado, ser reportero no es una tarea fácil. Luís Ángel Sas nos habla de ella.

Néstor Rodríguez Lobaina ha vivido las cárceles cubanas por dentro. Como acto de protesta por las condiciones de internamiento que en ellas reinan inició en 2010 una huelga de hambre. Su estado de salud llegó a ser crítico. Un año más tarde, en 2011, fue puesto en libertad.

Hoy, este disidente, cofundador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, reside en Málaga, España, y es uno de los invitados a conversar sobre la censura en Internet durante las jornadas del Global Media Forum, el evento mediático que Deutsche Welle organiza anualmente en la ciudad de Bonn y que en esta ocasión tiene lugar entre el 20 y el 22 de junio.

“Cero tolerancia con los nuevos censores: Internet, blogging y el derecho a la libertad de expresión” lleva por título la conferencia en la que, entre a otros, podrá escucharse a Rodríguez Lobaina. Para los que no vayan a estar presentes, adelantamos una entrevista con él.

Es en las zonas en crisis es donde muchas veces se encuentra la noticia. Y si no se habla de ellas, no existen. El trabajo del periodista es, no en pocas ocasiones, duro y peligroso. Con frecuencia acaba el reportero atrapado en la fina línea que divide los frentes, teniendo que arriesgar la propia vida para contarle al mundo las cosas que pasan.

Gerardo Rodríguez Jiménez conoce bien esta situación: desde hace más de 15 años es director de El Diario de Ciudad Juárez, por el número de muertes que deja en esta ciudad mexicana el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad estatales y los narcotraficantes, el lugar más peligroso del mundo.

Durante el Global Media Forum que organiza Deutsche Welle y que se celebra del 20 al 22 de junio de 2011, Rodríguez Jiménez participa en una conferencia titulada “Periodismo y droga en América Latina”. Como previa al evento nos revela a continuación, extraídos de su larga experiencia, cinco consejos básicos a tener en cuenta por los reporteros que se muevan en un entorno de violencia:

“Hablar en un reportaje hace una década sobre los asesinados y desaparecidos en Colombia hubiera sido un suicidio“, dice Yesenia Bayona, periodista colombiana de 30 años  y ganadora del primer premio de reportajes de DW Akademie. Ella considera que, al menos en algunas zonas de su país, la situación de los periodistas ha mejorado. Ejercer esta profesión sigue sin duda entrañando riesgos, pero pareciera que algunas cosas están cambiando.

En febrero de 2011, el Centro para la Protección de Periodistas (CPJ) presentó un devastador informe acerca de los niveles de censura en América Latina. Según el texto, nunca antes la prensa de la región había estado sometida a tanta injerencia por parte de los poderes políticos y económicos como sucede en la actualidad.

Por ejemplo ponía el CPJ a Brasil, donde la familia Sarney logró extraer de los tribunales un dictamen que le impedía a los diarios nacionales informar acerca de las acusaciones de corrupción y nepotismo que sobre ella pesan. El estudio también criticaba los ataques a la prensa por parte de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Ecuador. Y México y Honduras aparecían mencionados como lugares en los que la debilidad del Estado frente al crimen organizado ha extendido la práctica de la autocensura.

“Como testigo de los efectos de la censura en los años 70 y 80 […] tengo la sensación de que ésta es hoy mucho más insidiosa”, cita el CPJ a June Carolyn Erlick, directora de publicaciones en el Centro David Rockefeller de la Universidad de Harvard y ex corresponsal en América Latina. “La situación no se puede comparar con la de la época de los regímenes dictatoriales, cuando existía un contexto de censura fuerte y sistemática”, replica, sin embargo, Benoît Hervieu, del Departamento Americano de Reporteros sin Fronteras (RSF).

“Eso no significa”, continúa Hervieu, “que la censura no exista”. Dos países latinoamericanos la practican según la ONG en el sentido clásico del término: “Cuba, donde el Departamento de Orientación Revolucionaria filtra y controla la información”, explica el activista, “y Honduras, donde desde el golpe de Estado se reprime a la prensa opositora, sobre todo a las radios comunitarias”. Más allá de eso, asegura, “en América Latina se dan casos puntuales de censura”.

En este último apartado coloca Hervieu a Brasil. RSF valora como positivos algunos pasos dados por el gobierno federal, como la anulación de la ley de prensa de la dictadura militar y los avances en materia de acceso a la información. La misma apreciación hace la Relatoría Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente ha hecho público su informe anual para 2010.

“La Relatoría Especial manifiesta su satisfacción por la aprobación, el 13 de abril de 2010, del proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información por parte de la Cámara Baja del Congreso brasileño”, puede leerse en el documento. “Y, no obstante”, reconoce Hervieu, “en Brasil vivimos una situación paradójica, ya que mientras el Estado se esfuerza, la interrelación a nivel local de los poderes políticos, económicos y judiciales genera abusos y despropósitos legislativos que llevan a la censura y la autocensura”. Eso explicaría las denuncias del CPJ.

En cuanto a Argentina, el país recibe por su nueva ley de medios un aprobado de RSF. El conflicto entre el gobierno de Kirchner y el grupo Clarín aparece mencionado en el informe de la Relatoría Especial, pero ésta se limita dar constancia de la “situación de tensión” reinante y a indicar que observa el caso y espera que se resuelva “de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.

También el que Uruguay y Ecuador estén preparando regulaciones similares a la presentada por Buenos Aires es bienvenido en el despacho de París. “Con Ecuador somos menos severos que el CPJ”, dice Hervieu, “algunas cuestiones aún nos preocupan, pero otras creemos que van en la dirección correcta”. Por ejemplo, la Relatoría Especial cita en su escrito anual el hecho de que la Ley Orgánica de Comunicación se esté estudiando “a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, ejemplarmente incorporados al derecho interno por la Constitución ecuatoriana”, así como el proyecto para un Código de Garantías Penales, “que eliminaría”, aplaude el organismo, “los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de injuria”.

Pero no por ello dejan las quejas de existir. La violencia contra periodistas y el que Quito implantara el 30 de septiembre de 2010 el estado de excepción, obligando a todas las emisoras de radio y televisión a enlazarse a la señal oficial, se recogen en el documento de la Relatoría Especial.

En lo que a Venezuela se refiere resulta más sencillo encontrar unanimidad de valoraciones. RSF califica el estado de la libertad de prensa en el país sudamericano de “grave”. Y en el apartado que le dedica la Relatoría Especial, la palabra “preocupación” se repite con frecuencia. Desde el exterior, la actuación del gobierno de Chávez de cara a los medios es ampliamente criticada.

Menos relevancia recibe, por el contrario, Colombia en el texto del CPJ. Para RSF, sin embargo, la situación que se vive aquí es “perversa”. “Los periodistas trabajan en Colombia en un contexto de miedo y de presión muy fuerte”, considera Hervieu, y concuerda con esta apreciación lo expuesto por la Relatoría Especial. “Sobre todo, la impunidad es muy alta. Sólo en México y Honduras se dicta un número equiparablemente bajo de sentencias por delitos cometidos contra periodistas”, resalta por su parte Andrés Morales, director ejecutivo de la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa.

“A diferencia de en otros países de la región, en Colombia no se dan intentos del Estado por limitar el espacio de los medios”, cuenta Morales, “sin embargo, existen evidencias de una actuación estatal que consideramos lamentable, como son las estigmatizaciones de periodistas por parte de altos funcionarios y el caso de las escuchas del DAS [Departamento Administrativo de Seguridad]”. A las “interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas” en Colombia le dedica la Relatoría Especial en su informe un apartado completo.

Y con todo, la evaluación final de RSF suena menos dramática que la realizada meses antes por el CPJ. “En América Latina hay una tendencia general a despenalizar la profesión periodística, y eso es bueno”, concluye Benoît Hervieu, “las excepciones son, por desgracia, Cuba, Venezuela y Honduras”.

Luna Bolívar
Fotos: cc Flickr.com/Ricardo Fukui/ Julián Ortega Martínez

“No podía seguir viendo cómo la llamada guerra contra el narcotráfico ahogaba la ciudad que amo, mientras que en Nueva York se consumía (en paz) la cocaína.  Sentía que debía regresar a México a contar las historias que se deben contar”, dice la periodista española Judith Torrea.

“Veía muertos, horror – la sangre de Juárez.” Su puesto de primera redactora en la principal revista de espectáculos de Estados Unidos lo dejó por el de autora freelance de un blog en Ciudad Juárez, lugar designado tres veces consecutivas como el más peligroso del mundo. En 2010, Torrea vio reconocido su valor con uno de los galardones más prestigiosos del mundo del periodismo hispanohablante: el Premio Ortega y Gasset, que anualmente entrega el diario El País. También en el certamen internacional de blogs The Bobs, que organiza DW, se encontró el año pasado entre los 10 finalistas en la categoría que patrocina Reporteros Sin Fronteras.

Recaudado el aplauso europeo, Torrea hizo las maletas y volvió a Juárez para seguir escribiendo como siempre. Con ella conversamos.