“La solidaridad nos llega cuando hemos muerto”
En Colombia, la investigación periodística puede costar la vida. Los intentos de amedrentamiento e incluso la agresión directa están a la orden del día. El periodista Ricardo Calderón, de la revista “Semana”, sufrió un ataque el 1 de mayo de este año. Poco después fueron amenazados de muerte ocho comunicadores de Valledupar. Y tres días más tarde se destapó un plan para atentar contra los comunicadores Ariel Ávila, León Valencia y Gonzalo Guillén.
Mientras el Estado protege con guardaespaldas y carros blindados a los periodistas estrella de la capital, sus compañeros de profesión en las provincias se sienten abandonados. Jhon Jairo Jácome es redactor del diario “La Opinión” de Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander. “No es fácil”, reconoce, “trabajar siempre bajo la presión de la amenaza, el correo intimidante, el mensaje por las redes sociales que pretende acallar”. Vía Twitter le llegó el pasado 19 de mayo la última amenaza de muerte. Se la enviaba un paramilitar con el alias de “Moco Seco”, que ni siquiera se tomó la molestia de ocultar su identidad. “Moco Seco” está encarcelado y toma en prisión clases de informática.
Cúcuta, en la frontera con Venezuela, es uno de los puntos calientes del conflicto colombiano. Durante cinco años, de 1999 a 2004, la ciudad estuvo en manos de los paramilitares, que impusieron un régimen de terror y asesinaron a cientos de personas. Jácome investigó lo sucedido. De esta labor surgió el especial multimedia “Estaciones de la muerte”, realizado junto a su colega Vladimir Solano y publicado en marzo. El trabajo recorre los lugares de Cúcuta en los que los paramilitares torturaron, mataron y en algunos casos incineraron cadáveres en hornos construidos por ellos mismos. “Buscamos llevar a cabo un recuento histórico de lo que hicieron, intentando visualizar a las víctimas que dejó ese conflicto”, explica.
Jácome y otros periodistas quieren elaborar una cartografía de la violencia en la región. Violencia que no acabó con la desmovilización oficial. Desde entonces, se han formado nuevas bandas criminales. El tráfico de drogas, la prostitución y el comercio ilegal de combustible procedente del país vecino se encuentran ahora bajo el control de los llamados neo-paramilitares. Y la prensa que denuncia o molesta sigue estando en el ojo de mira. “Yo no quisiera sonar trágico, pero a veces hace falta que pase algo. Que un periodista sufra algún tipo de accidente, algún tipo de percance por parte de estos violentos para que se movilicen”, apunta Jácome en referencia a la falta de apoyo institucional.
Pero, ¿qué hacer para no tener que ir hasta tan últimas consecuencias? “Lo primero es denunciar. Muchos compañeros, aquí y en el resto del país, se callan. La autocensura le hace mucho daño al periodismo investigativo. Y a veces también la censura impuesta por el medio, que quiere salvaguardar sus intereses”, responde Jácome. Después están los métodos surgidos al pulso de la necesidad. “Una de las formas que hemos encontrado en el periódico para poder investigar y de alguna manera protegernos es trabajar sin firmas y que el diario asuma la responsabilidad en conjunto de lo que se está publicando”, dice el redactor, que a la vez ha desarrollado sus propias medidas de protección: “Yo trato de documentar todo y enviarlo a la Fundación para la Libertad de Prensa, que es una organización que nos cubre. También documento todo con la Unidad Nacional de Protección y le mando copia de estas denuncias a algunos periodistas para que ellos entren a investigar en un futuro si algo, que esperamos que no, llegase a pasar…”
Jácome participa en uno de los cursos que DW Akademie lleva a cabo en Colombia como parte de un proyecto de dos años dirigido a apoyar a periodistas y medios locales en la cobertura del enfrentamiento armado. Socia de la Academia en este programa es la asociación Consejo de Redacción. La financiación corre a cargo de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán).
