Prácticamente, no hay discusión acerca de la Primavera Árabe en la que no se mencione la “Revolución Facebook”. La influencia de los medios sociales en lo acontecido en el norte de África es un tema recurrente. Sin embargo, pocas veces supera este debate la pura especulación. Para su trabajo de fin del máster International Media Studies, que organiza DW Akademie, Eira Martens decidió analizar científicamente el asunto, llegando a interesantes conclusiones.

© Juan Damián Ajuchán

Hace tres años, Tomás Chiviliú participó en el taller de radio que DW Akademie organizaba en Santiago Atitlán, en el departamento guatemalteco de Sololá. En enero de 2012 se convirtió en alcalde de esa misma localidad y desde entonces impulsa un proyecto bautizado como “Santiago Wi-Fi”, cuyo fin es que los ciudadanos tengan acceso a Internet. La conexión a la Red es técnicamente posible en toda Guatemala. Sin embargo, la entrada en el ciberespacio constituye un lujo que pocos, especialmente en las zonas rurales del interior del país, pueden permitirse. Chiviliú está decidido a acabar con esta situación.

El dinero para la producción de sus programas se lo otorga el Estado: son medios de comunicación públicos. En Europa, un modelo establecido y presente prácticamente en todos los países. Fuera del Viejo Continente, una fórmula poco común. Este desarrollo tiene motivos históricos, explica Christoph Schmidt, profesor de comunicación y director del máster de periodismo “International Media Studies”, que organiza DW Akademie.

Pero los medios públicos no son en absoluto un vestigio del pasado: conservan su vigencia y siguen siendo necesarios, opina Schmidt. Estos canales realizan funciones que los privados no están en condiciones de asumir. Cuáles son y por qué nos lo revela el profesor en la siguiente entrevista.

Durante tres años, de 2009 a 2011, el boliviano Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) ha llevado a cabo un profundo trabajo de campo. Estudios, análisis y un seguimiento con lupa del desarrollo de los medios de comunicación en el país andino son el resultado, publicado ahora bajo el título Medios a la vista 2. El libro deja constancia de un periodismo beligerante que traspasa al formato noticioso la batalla política y social, algo que no es bueno para la esencia de esta profesión, opina Erick Torrico, coordinador del ONADEM, con quien hablamos.

Desde julio de 2011 trabaja Martin Reischke en Guatemala. Sus empleadores son DW Akademie y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas germanas). Apoyado por estas dos instituciones y con la colaboración de los socios locales -la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER)– se prepara Reischke para contribuir a que se produzcan y lancen al aire programas radiofónicos juveniles en el país latinoamericano.

Néstor Rodríguez Lobaina ha vivido las cárceles cubanas por dentro. Como acto de protesta por las condiciones de internamiento que en ellas reinan inició en 2010 una huelga de hambre. Su estado de salud llegó a ser crítico. Un año más tarde, en 2011, fue puesto en libertad.

Hoy, este disidente, cofundador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, reside en Málaga, España, y es uno de los invitados a conversar sobre la censura en Internet durante las jornadas del Global Media Forum, el evento mediático que Deutsche Welle organiza anualmente en la ciudad de Bonn y que en esta ocasión tiene lugar entre el 20 y el 22 de junio.

“Cero tolerancia con los nuevos censores: Internet, blogging y el derecho a la libertad de expresión” lleva por título la conferencia en la que, entre a otros, podrá escucharse a Rodríguez Lobaina. Para los que no vayan a estar presentes, adelantamos una entrevista con él.

En febrero de 2011, el Centro para la Protección de Periodistas (CPJ) presentó un devastador informe acerca de los niveles de censura en América Latina. Según el texto, nunca antes la prensa de la región había estado sometida a tanta injerencia por parte de los poderes políticos y económicos como sucede en la actualidad.

Por ejemplo ponía el CPJ a Brasil, donde la familia Sarney logró extraer de los tribunales un dictamen que le impedía a los diarios nacionales informar acerca de las acusaciones de corrupción y nepotismo que sobre ella pesan. El estudio también criticaba los ataques a la prensa por parte de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Ecuador. Y México y Honduras aparecían mencionados como lugares en los que la debilidad del Estado frente al crimen organizado ha extendido la práctica de la autocensura.

“Como testigo de los efectos de la censura en los años 70 y 80 […] tengo la sensación de que ésta es hoy mucho más insidiosa”, cita el CPJ a June Carolyn Erlick, directora de publicaciones en el Centro David Rockefeller de la Universidad de Harvard y ex corresponsal en América Latina. “La situación no se puede comparar con la de la época de los regímenes dictatoriales, cuando existía un contexto de censura fuerte y sistemática”, replica, sin embargo, Benoît Hervieu, del Departamento Americano de Reporteros sin Fronteras (RSF).

“Eso no significa”, continúa Hervieu, “que la censura no exista”. Dos países latinoamericanos la practican según la ONG en el sentido clásico del término: “Cuba, donde el Departamento de Orientación Revolucionaria filtra y controla la información”, explica el activista, “y Honduras, donde desde el golpe de Estado se reprime a la prensa opositora, sobre todo a las radios comunitarias”. Más allá de eso, asegura, “en América Latina se dan casos puntuales de censura”.

En este último apartado coloca Hervieu a Brasil. RSF valora como positivos algunos pasos dados por el gobierno federal, como la anulación de la ley de prensa de la dictadura militar y los avances en materia de acceso a la información. La misma apreciación hace la Relatoría Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente ha hecho público su informe anual para 2010.

“La Relatoría Especial manifiesta su satisfacción por la aprobación, el 13 de abril de 2010, del proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información por parte de la Cámara Baja del Congreso brasileño”, puede leerse en el documento. “Y, no obstante”, reconoce Hervieu, “en Brasil vivimos una situación paradójica, ya que mientras el Estado se esfuerza, la interrelación a nivel local de los poderes políticos, económicos y judiciales genera abusos y despropósitos legislativos que llevan a la censura y la autocensura”. Eso explicaría las denuncias del CPJ.

En cuanto a Argentina, el país recibe por su nueva ley de medios un aprobado de RSF. El conflicto entre el gobierno de Kirchner y el grupo Clarín aparece mencionado en el informe de la Relatoría Especial, pero ésta se limita dar constancia de la “situación de tensión” reinante y a indicar que observa el caso y espera que se resuelva “de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.

También el que Uruguay y Ecuador estén preparando regulaciones similares a la presentada por Buenos Aires es bienvenido en el despacho de París. “Con Ecuador somos menos severos que el CPJ”, dice Hervieu, “algunas cuestiones aún nos preocupan, pero otras creemos que van en la dirección correcta”. Por ejemplo, la Relatoría Especial cita en su escrito anual el hecho de que la Ley Orgánica de Comunicación se esté estudiando “a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, ejemplarmente incorporados al derecho interno por la Constitución ecuatoriana”, así como el proyecto para un Código de Garantías Penales, “que eliminaría”, aplaude el organismo, “los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de injuria”.

Pero no por ello dejan las quejas de existir. La violencia contra periodistas y el que Quito implantara el 30 de septiembre de 2010 el estado de excepción, obligando a todas las emisoras de radio y televisión a enlazarse a la señal oficial, se recogen en el documento de la Relatoría Especial.

En lo que a Venezuela se refiere resulta más sencillo encontrar unanimidad de valoraciones. RSF califica el estado de la libertad de prensa en el país sudamericano de “grave”. Y en el apartado que le dedica la Relatoría Especial, la palabra “preocupación” se repite con frecuencia. Desde el exterior, la actuación del gobierno de Chávez de cara a los medios es ampliamente criticada.

Menos relevancia recibe, por el contrario, Colombia en el texto del CPJ. Para RSF, sin embargo, la situación que se vive aquí es “perversa”. “Los periodistas trabajan en Colombia en un contexto de miedo y de presión muy fuerte”, considera Hervieu, y concuerda con esta apreciación lo expuesto por la Relatoría Especial. “Sobre todo, la impunidad es muy alta. Sólo en México y Honduras se dicta un número equiparablemente bajo de sentencias por delitos cometidos contra periodistas”, resalta por su parte Andrés Morales, director ejecutivo de la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa.

“A diferencia de en otros países de la región, en Colombia no se dan intentos del Estado por limitar el espacio de los medios”, cuenta Morales, “sin embargo, existen evidencias de una actuación estatal que consideramos lamentable, como son las estigmatizaciones de periodistas por parte de altos funcionarios y el caso de las escuchas del DAS [Departamento Administrativo de Seguridad]”. A las “interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas” en Colombia le dedica la Relatoría Especial en su informe un apartado completo.

Y con todo, la evaluación final de RSF suena menos dramática que la realizada meses antes por el CPJ. “En América Latina hay una tendencia general a despenalizar la profesión periodística, y eso es bueno”, concluye Benoît Hervieu, “las excepciones son, por desgracia, Cuba, Venezuela y Honduras”.

Luna Bolívar
Fotos: cc Flickr.com/Ricardo Fukui/ Julián Ortega Martínez

Del 18 al 19 de marzo se celebra en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires (Argentina), el III Encuentro de cátedras de Periodismo de Investigación. Profesionales de la información presentarán paneles, profesores organizarán talleres, se propondrán temas para el debate. Y todo ello en torno al PdI.

“Qué se investiga y qué no desde los grandes medios de comunicación, qué se investiga en los medios alternativos, qué alcance y condicionamientos presentan cada uno; el acceso a las fuentes no oficiales y a la información pública y los distintos escenarios que posibilitan las nuevas tecnologías”, enumera Claudia Jofre, miembro de la organización, algunas de las cuestiones que en el evento estarán sobre la mesa. Con ella hablamos.

“Algo tan simple e inofensivo como recibir la lista de farmacias de guardia me costó quince días”: en el marco de un taller de periodismo de investigación y multimedia impartido por DW Akademie en Nicaragua, Oliver Gómez, periodista de uno de los rotativos de mayor tirada del país latinoamericano, El Nuevo Diario, compartió su experiencia con los participantes.

Gómez aseguró que el acceso a la información pública en su país ha sufrido un gran retroceso en los últimos cuatro años, concretamente desde que el gobierno sandinista presidido por Daniel Ortega llegó de nuevo al poder.

AMARC es una organización no gubernamental, sus miembros se reparten por 115 países y su objetivo declarado es defender el derecho a la información: una red de medios de comunicación comunitarios, sobre todo radios y alguna televisión, que dan voz a quienes no encuentran eco en las ondas convencionales y hablan de los conflictos aunque con ello se ganen la enemistad de los poderes locales. DW Akademie habló con María Pía Matta, presidenta de AMARC.